Los cabildos de Veracruz deben aprobar partidas presupuestarias específicas para erradicar la violencia de género: ORFIS
Diario informativo de Veracruz
Por: Víctor Manuel Fernández Marinero
Córdoba, Veracruz. — La maestra Delia González Cobos, Auditora General Titular del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), señaló que resulta indispensable que los 212 gobiernos municipales del estado, por medio de sus respectivos cabildos, aprueben y asignen una partida específica dentro del Presupuesto de Egresos. Estos recursos estarán destinados a financiar estrategias orientadas a eliminar cualquier forma de violencia contra las mujeres y a promover la igualdad entre géneros.
«El tema nos ocupa no solo en el ámbito municipal, sino también en el estatal y en todo el país. Por ello, el Objetivo 5 de la Agenda 2030 de la ONU se centra en erradicar la violencia de género; considero que nos queda poco tiempo para mostrar resultados concretos de los programas que se han puesto en marcha, cuyo propósito es garantizar derechos plenos para las mujeres y, sobre todo, lograr que ya no vivan situaciones de violencia y que este problema se reduzca de manera definitiva».
«Las políticas públicas tienen ese fin, y sabemos que existen muchos casos que requieren atención urgente. En este sentido, el objetivo principal de nuestro trabajo ha sido brindar capacitación para que las administraciones locales incluyan este rubro en sus proyecciones financieras. Las acciones y programas en la materia necesitan respaldo económico para ejecutarse; por eso, los integrantes de los cabildos deben estar atentos y comprometidos para asignar esos recursos. Es fundamental atender este asunto y destinar una cantidad definida en el Presupuesto de Egresos, ya que sin financiamiento no es posible llevar a cabo los planes y proyectos necesarios para avanzar en materia de género», explicó la funcionaria.
González Cobos detalló que el apoyo económico por parte de las autoridades locales es determinante para garantizar que las iniciativas tengan continuidad, mayor cobertura y un impacto real en la protección de los derechos humanos de toda la población. Asimismo, hizo un llamado a las y los servidores públicos municipales para que prioricen estas acciones como parte de sus obligaciones legales y éticas en materia de seguridad, justicia y bienestar social.

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